El Gobierno aprueba el Proyecto de Ley para la gobernanza de la Inteligencia Artificial: principales novedades
La inteligencia artificial se ha convertido en una de las tecnologías con mayor impacto tanto en la sociedad como en la actividad empresarial. Su utilización se extiende cada vez más a ámbitos como la creación de contenidos, la atención al cliente, la selección de personal o el análisis de datos.
Ante este escenario, la Unión Europea aprobó el Reglamento de Inteligencia Artificial (AI Act), considerado el primer marco normativo integral sobre esta materia. En línea con dicho reglamento, el Consejo de ministros aprobó el pasado 26 de mayo de 2026 el Proyecto de Ley para el buen uso y la gobernanza de la Inteligencia Artificial, una norma destinada a establecer los mecanismos de supervisión, control y sanción aplicables en España.
Un sistema de supervisión específico para la inteligencia artificial
Uno de los principales aspectos del Proyecto de Ley es la designación de las autoridades encargadas de garantizar el cumplimiento de la normativa europea.
La Agencia Española de Supervisión de la Inteligencia Artificial (AESIA) asumirá un papel central en las labores de vigilancia. No obstante, el sistema previsto distribuye determinadas competencias entre diferentes organismos especializados, atendiendo a la materia afectada.
De esta forma, se pretende crear una estructura de control capaz de responder a los riesgos específicos que plantea el uso de sistemas de inteligencia artificial en distintos sectores económicos y sociales.
Un régimen sancionador con multas de hasta 35 millones de euros
Entre las novedades destaca la creación de un régimen sancionador específico para los incumplimientos más graves.
El Proyecto de Ley incorpora las cuantías previstas en el Reglamento Europeo de Inteligencia Artificial y establece sanciones que podrían alcanzar los 35 millones de euros o el 7% del volumen de negocio mundial anual de la empresa infractora, aplicándose la cantidad más elevada.
Estas sanciones se reservan para aquellos supuestos considerados especialmente graves, como la utilización de sistemas de inteligencia artificial expresamente prohibidos por la normativa europea o el incumplimiento de determinadas obligaciones esenciales de transparencia y control.
La Administración Pública queda fuera del régimen económico sancionador
Uno de los aspectos más debatidos tras la aprobación del Proyecto de Ley ha sido el tratamiento de las Administraciones Públicas.
De acuerdo con el texto aprobado con el Gobierno, las Administraciones no estarán sujetas a las sanciones económicas previstas para las empresas privadas. En su lugar, podrán ser objeto de apercibimientos o requerimientos de corrección por parte de las autoridades competentes.
Esta diferencia de tratamiento ha generado cierto debate doctrinal respecto al principio de igualdad en la aplicación de las normas y a la eficacia de los mecanismos de control sobre los sistemas de inteligencia artificial empleados por los poderes públicos.
Un nuevo escenario para las empresas
La aprobación de este Proyecto de Ley confirma que la utilización de la inteligencia artificial ya no puede abordarse exclusivamente desde una perspectiva tecnológica.
Las organizaciones deberán prestar especial atención a las obligaciones derivadas del nuevo marco normativo, identificar los sistemas de inteligencia artificial que utilizan y evaluar los riesgos asociados a su actividad.
La aprobación del Proyecto de Lety para el buen uso y la gobernanza constituye un nuevo paso en la construcción del marco regulatorio español en esta materia. Aunque el texto deberá continuar su tramitación parlamentaria antes de su aprobación definitiva, su contenido permite anticipar un escenario en el que la inteligencia artificial estará sometida a un control cada vez más riguroso y a mayores exigencias de cumplimiento normativo.
